No obstante la paralización de las obras de febrero de 1909 se decreta una apertura de un crédito para el pago de sueldos del personal de inspección con un gasto mensual de $1.890,00 m/n por mes que no había sido incluido en el presupuesto.
El 1º de Mayo de 1909 al dirigirse a la Asamblea legislativa el señor Gobernador manifiesta: "Los trabajos del Canal del Norte se encuentran aún en suspenso, esperando el P.E. que se expida la comisión de vocales del Departamento de Ingenieros para tomar la resolución que corresponda, pudiendo adelantarse que la referida comisión se encuentra en estos momentos confeccionando un informe en base a los estudios hechos en el terreno con sus cálculos y planos correspondientes, todo lo cual se encuentra terminado e impreso».
En el transcurso del año 1909 era conocido el informe de la Comisión, lo que pasa es que no podía dictarse ninguna resolución hasta tanto la empresa constructora evacuase la vista que de las actuaciones se les había dado. De las conclusiones sale que se han comprobado serias irregularidades, algunas imputables a la empresa, otras atribuidas a los funcionarios que, en nombre del gobierno, tenían a su cargo la dirección y supervisión de los trabajos tanto en el aspecto técnico como administrativo.
El 1º de Mayo de 1910 al término del mandato del Gobernador Ignacio de Irigoyen en el mensaje a la asamblea legislativa, expresa: «Los trabajos del Canal del Norte se encuentran suspendidos aún. la Comisión de Vocales del Departamento de ingenieros ha expedido su informe, siendo un trabajo de importancia que ha sido distribuido con profusión y que comprenden tanto la faz técnica como lo administrativo del asunto, teniendo con ellos los elementos de juicio necesarios e indispensables de que carecía el producido por el señor Presidente de la repartición aludida. La resolución del asunto está pendiente de la contestación de la vista que se le ha dado al empresario del informe producido por la Comisión».
En 1910 se hace cargo de la Gobernación el Coronel José Inocencio Arias, quien de acuerdo al extenso informe, que no sería posible ,transcribir por lo voluminoso, en el que la Comisión en última instancia da su opinión adversa a la continuidad de la obra, por lo que el epilogo consecutivo que el asunto tuvo debe expresarse en rápida mención.

En el estado en que la comisión tomo el asunto debían resolverse dos cuestiones "Una en su aspecto técnico que se concentraba a establecer si era posible realizar la obra; la otra determinar si en su faz administrativa se había obrado con corrección debida en el manejo de los millones de pesos invertidos.

Con respecto a al primera, la base estribaba en la comprobación de si el caudal de agua de la laguna Mar Chiquita era suficiente para alimentar el canal artificial partiendo del principio de inagotabilidad, aún en épocas de sequía continuados. Acá conviene recordar que un estudio similar se le había encomendado a los ingenieros Roberto Martínez y Emilio Candini, citado mas arriba, de este informe nunca se supo nada, pero deja la seguridad que en el estudio original de la obra no se había tenido en cuenta un hecho tan importante.

Del estudio de la Comisión, que es concluyente, se determina que la obra ha sido proyectada sin base técnica adecuada de lo que se desprende la imposibilidad de su realización.

Entrando a contemplar la posibilidad de encontrar alguna solución al problema en el informe se considera, por vía de hipótesis, evidentemente impracticable, la instalación de grandes bombas de trecho en trecho que funcionaran permanentemente, cuyo costo de instalación y funcionamiento reclama una fuerte erogación de muchos millones de pesos que el erario no podrá afrontar sin desequilibrar sus finanzas, y así proveer el agua suficiente para el funcionamiento del canal.

Fue necesario rendirse ante la evidencia de al imposibilidad de continuar con una obra que técnicamente no podría funcionar y el Gobernador luego de estudiar los diversos hechos e irregularidades cometidas tanto técnicamente como administrativas en 1911 dicta una resolución que consiste en aprobar el informe y en la suspensión definitiva de la obra, pasando las actuaciones al funcionario a quien corresponda iniciar las acciones legales para el esclarecimiento y calificación de las irregularidades cometidas y aplicación de sanciones penales a que se hubiesen hecho acreedores los que la cometieron.

Como epílogo de todo esto y para aumentar los perjuicios ocasionados al patrimonio provincial, acentuando la ironía del fracaso de los planes, hay que señalar que a lo largo del trayecto del canal se acumulaban enormes cantidades de materiales de toda clase que quedaron abandonados y fueron desapareciendo llevados por manos ignoradas pero que bien se aprovecharon de la impunidad que amparó el despojo consumando.
 

Héctor G. Roldán