REFUGIADOS

Los conflictos en Irak, Siria y Yemen han resultado en desplazamiento en Oriente Medio y Norte de África. Sin una solución política a la vista y con necesidades crecientes, el ACNUR enfrenta dificultades para alcanzar y asistir a la población desplazada, así como manteniendo el alto nivel de financiación requerida para responder a la situación de Siria, Las preocupaciones relacionadas con seguridad son tanto para el personal como para la población de interés del ACNUR.
Las cada vez más restrictivas políticas de asilo de los Estados, dominadas por preocupaciones de seguridad, continúan siendo un desafío en la actualidad. Además, el manejo del creciente número de personas que viajan como parte de los movimientos mixtos en viajes riesgosos y peligrosos, son una gran preocupación.El 70% de los refugiados sirios en Líbano viven en la extrema pobreza, y el 86% de las personas de interés en Jordania que residen fuera de los campamentos viven bajo la línea de la pobreza nacional. Un recorte de fondos tendría consecuencias devastadoras para las familias refugiadas que ya luchan para vivir en seguridad y dignidad. Los esfuerzos para facilitar el acceso a la educación para más de 752.000 niños refugiados sirios, proveer asistencia monetaria a más de 130.000 familias en extrema necesidad, o brindar materiales básicos de albergue para ayudar a satisfacer sus necesidades, podrían verse en peligro.

Los estados interesados en la región, y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), apoyados por las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, de sociedad civil y otras partes, están fortaleciendo la cooperación para abordar el tema de migración irregular en el mar.
La protección y la provisión de asistencia para los refugiados que viven en zonas urbanas y semi urbanas, que representan una población de 2,8 millones de personas, un 80% del total de la población refugiada en Asia y Pacífico, continúa siendo una prioridad para el ACNUR. La experiencia sugiere que una protección inapropiada, un acceso desigual a oportunidades de educación y medios de vida, y la falta de soluciones disponibles en países de asilo a menudo generan movimientos irregulares posteriores. El aumento en el número de personas que buscan moverse posteriormente crea una carga adicional en los países de asilo, y reta las capacidades del ACNUR para llevar a cabo las determinaciones de la condición de refugiado, en operaciones que reciben muchos recién llegados.
Además, más de 43% de las personas de interés del ACNUR bajo su mandato de apatridia están concentrados en Asia y Pacífico: abordar este problema es parte vital del trabajo del ACNUR en esta región.

En Argentina, todos los aspectos vinculados a la protección, asistencia y búsqueda de soluciones para los refugiados son tratados por la COMISIÓN NACIONAL PARA REFUGIADOS (CONARE), creada por la Ley No 26.165. La CONARE está integrada por funcionarios del Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, del Ministerio de Desarrollo Social, del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de una Organización no Gubernamental sin fines de lucro (éstos dos últimos participan con voz pero sin voto). La CONARE tiene la misión no sólo de decidir la concesión del estatuto de refugiado a una persona, sino también tiene la responsabilidad de proteger los derechos de los refugiados y contribuir en la búsqueda de opciones para su integración local y asistencia.

Cualquier análisis sociológico o demográfico en el continente africano se enfrenta a un gran obstáculo de base, la falta de datos actualizados. Esta escasez de información se debe, fundamentalmente, a tres factores: (1) el grave déficit de registros censales de población; (2) los elevados niveles de organización informal de la sociedad, que hacen aún más complicado contabilizar el flujo de trabajadores que se mueven dentro de ella; y (3) la prácticamente nula demarcación de las fronteras internacionales africanas, así como la falta de infraestructuras fronterizas y el escaso equipamiento y formación de las fuerzas de vigilancia, que eximen a estos flujos migratorios de cualquier tipo de control. A pesar de ello, la herramienta más útil para trazar el complejo mapa de los flujos de migración africanos son los censos de población, que, al especificar el lugar de nacimiento de los ciudadanos, muestran si han emigrado de su país al menos una vez. Pero en África Subsahariana muchos de los censos son extraordinariamente antiguos, de los 56 países que integran el continente, 19 no tienen información alguna en sus censos sobre la población migrante. Los migrantes de larga duración suelen estar reflejados, mientras que los de corta duración (temporeros, etc.) en demasiadas ocasiones no aparecen. En este contexto confuso, la Unión Africana (UA) se ha propuesto dar prioridad al problema de la falta estadísticas fiables y ha planteado una serie de medidas, como la puesta en marcha de leyes en el ámbito nacional para la recogida y difusión de datos sobre migración, una mayor coordinación entre los diferentes ministerios e instituciones, y la creación de una unidad de recogida y coordinación de datos específicos sobre migración, adscrita a la propia UA.